Dos intervenciones policiales realizadas durante la noche del viernes en Posadas terminaron con hombres detenidos. Uno fue localizado luego de que un adolescente alertara sobre un intento de ingreso a su vivienda, mientras que el otro fue sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado con nueve chocolates sin pagar. El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 21:30, cuando efectivos de la Comisaría Séptima realizaban recorridas preventivas por la zona de las avenidas Eva Perón y Almirante Brown. En ese sector, un adolescente de 17 años alertó a los uniformados sobre un desconocido que, momentos antes, había intentado ingresar a su domicilio y escapó al ser descubierto. Con la descripción aportada, los policías iniciaron un recorrido por las inmediaciones y localizaron al sospechoso sobre la avenida Eva Perón, cerca de la calle Luchessi. El hombre fue identificado como Germán David Z. (35) y quedó detenido en averiguación de sus antecedentes, siendo trasladado previamente a Sanidad Policial. Por otra parte, cerca de las 22:30, un agente que cumplía servicio adicional en el supermercado Chango Más, ubicado sobre las avenidas 213 y Cabo de Hornos, intervino al detectar que un hombre intentaba retirarse del comercio con nueve barras de chocolate Milka sin abonarlas. El involucrado, identificado como Guillermo Fabián R. (34), fue detenido y los productos quedaron secuestrados. Ambos procedimientos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para la continuidad de las actuaciones.

 

Es una de las empresas con las que el empresario kirchnerista seguía administrando campos por fuera del circuito judicial.

L CALAFATE.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A. para saldar las sanciones pecuniarias firmes recaídas sobre sus titulares. Se trata de una de las empresas que Lázaro Báez continuaba administrando desde la carcel, por fuera del circuito judicial.

Conforme surge del Libro Registro de Acciones n° 1 de la empresa, la propiedad de la firma se compone por un 70% a nombre de Lázaro Antonio Báez y el 30% restante a nombre de su hijo, Martín Antonio Báez. Ambos registran abultadas deudas con el Estado en concepto de multas no canceladas: el empresario patagónico debe afrontar la suma de US$ 329.237.200,14, en tanto Martín Báez adeuda US$ 274.364.333,45..

Frente a este escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron la liquidación del paquete accionario con fundamento en el artículo 21 del Código Penal y en sintonía con las medidas de subasta dispuestas en los legajos de ejecución de la causa. A los fines de efectivizar la medida, se ordenó la inscripción de las acciones a nombre del Estado Nacional, fijando una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los términos del artículo 27 de la Ley 25.246.

Documento secuestrado durante los ultimos allanamientos.

En la misma resolución, el juzgado convocó con carácter de urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de la firma y administre sus bienes y frutos con miras a cancelar los montos exigidos, debiendo presentar un informe de avance en un lapso de 10 días hábiles.

Asimismo, se encomendó a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar una valuación patrimonial completa de Austral Agro S.A. y sus activos en un plazo idéntico de diez días hábiles antes de proceder a la realización final de la firma.

La decisión llega luego de que la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, formalizaran la imputación contra 16 personas en dos casos conexos: en uno se investiga el lavado de activos —por un flujo estimado de 390.880.000 pesos— que se atribuyó al empresario Lázaro Báez y su entorno (integrado por diez personas) y en el otro se imputó a nueve integrantes de una supuesta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, por lo menos desde diciembre de 2025.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró la legalidad de 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y dispuso que el plazo máximo de duración de las investigaciones sea de dos años, en línea con lo requerido por el MPF. A los otros cuatro implicados se les fijaron medidas de coerción.