La situación judicial de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recientemente condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, continúa complicándose. A los fallos dictados en el juicio por jurados se suma ahora un nuevo frente legal: la Justicia Federal elevó a juicio una causa por lavado de dinero que investiga un presunto entramado de corrupción, desvío de fondos públicos y maniobras económicas ilícitas encabezado por la pareja.
Según la investigación realizada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, los Sena habrían puesto en circulación fondos de origen ilícito provenientes de fraudes a la administración pública, principalmente a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, entidad que administraron durante años y que se financió casi en su totalidad con recursos del Estado provincial.
Entre 2015 y 2023, la fundación recibió cientos de millones de pesos provenientes de distintos ministerios y del IAFEP, organismo recientemente intervenido por graves irregularidades. La mayor parte del dinero era retirada en efectivo por Emerenciano Sena, lo que impidió reconstruir su destino final.
El análisis contable detectó además sobrefacturaciones, aumentos “inverosímiles” de costos y una brecha insalvable entre los fondos recibidos y los supuestamente ejecutados. También se constató un faltante superior a los 62 millones de pesos y el uso de recursos destinados a viviendas sociales para la compra de vehículos de alta gama.
La investigación sostiene que los Sena acumularon un patrimonio imposible de justificar con sus ingresos formales, que incluía múltiples vehículos, camiones, inmuebles y viajes al exterior.
La Fundación —que fue intervenida y luego disuelta por el Gobierno del Chaco— tampoco justificó el dinero entregado para la construcción de 40 viviendas sociales, obras que nunca se realizaron. Para la Fiscalía, esta maniobra formaría parte de un esquema más amplio de desvío de fondos públicos con participación de funcionarios provinciales.
Mientras las condenas definitivas por el crimen de Cecilia Strzyzowski se conocerán el 26 de noviembre, esta nueva causa profundiza el derrumbe judicial del Clan Sena, que pasó de liderar uno de los movimientos sociales más influyentes de la provincia a enfrentar múltiples procesos penales por corrupción, lavado de dinero y explotación laboral.
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