Unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur, denunció el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
La entidad que agrupa a los soldados que pelearon en Malvinas se puso “a disposición” esta semana de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las “irregularidades detectadas” en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron a otorgarse en los años 90.
La información surgió a partir de un relevamiento, al que tuvo acceso Télam, elaborado por esta entidad, en base a datos que se encuentran en los registros del organismo que regula la seguridad social en el país y que pueden consultarse por internet.
“El decreto 1357/04 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner estableció que esta pensión no podía ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas”, señaló a esta agencia Ernesto Alonso, dirigente del CECIM.
Sin embargo, hay en esa lista personal militar que cobró la pensión y que aún la percibe, a pesar de estar involucrados en crímenes de terrorismo de Estado.
Quiénes son
Entre ellos figura Julio César Binotti, un represor de la ESMA condenado a prisión perpetua y denunciado por haber estaqueado soldados en Malvinas, y pese a todo conserva el beneficio de esta pensión.
Otros de los condenados por delitos de lesa que figuran en esta lista son el ex capitán Carlos Esteban Pla, condenado por delitos de lesa humanidad en San Luis; el ex contralmirante y represor de la ESMA Edgardo Otero y el ex teniente de navío Francisco Lucio Rioja, que se ganó fama de torturador en el centro clandestino de detención más grande montado por la Armada en plena Ciudad de Buenos Aires.
También aparecen procesados y con prisión preventiva como el coronel Daniel Alejandro Delfor Polano, imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, acusado de tormentos contra soldados en Malvinas y sindicado por haber participado en un atentado perpetrado en 1970 contra la sede que la AMIA tenía en la ciudad de La Plata.
En esa condición también se encuentran el teniente coronel Luis Alberto López y el coronel Carlos Salvadores Carrizo, imputado por la masacre de Capilla del Rosario y en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.
“Muchas veces, el argumento para mantener esta pensiones es la falta de una condena firme sobre los delitos que se imputan. Pero nos parece que para la ilegalidad no puede haber un derecho adquirido, y más cuando se trata de una pensión honoraria. Los torturadores carecen de honor”, afirmó Alonso.
(Télam)
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