Héctor Sebastián Cari está acusado del delito de fraude a la administración pública.
Una fiscal requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un concejal de la localidad salteña de Guachipas que está acusado del delito de fraude a la administración pública por inscribirse como beneficiario y cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Voceros del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al concejal Héctor Sebastián Cari.
La fiscal tomó intervención de oficio, a raíz de publicaciones periodísticas, y al avanzar en la investigación entendió que "se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del imputado", dijeron las fuentes.
Del requerimiento surge que el acusado, en su carácter de concejal del municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio IFE, sabiendo que no podía serlo.
De esta manera, señalaron las fuentes, Cari hizo incurrir en error a la administración y, tras ser notificado de que el beneficio le había sido acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, aun cuando no le correspondía.
Las fuentes indicaron que, tras ser advertido por los vecinos, "intentó encubrir la maniobra mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante, en la que puso a disposición la suma cobrada".
En su requerimiento, la fiscal indicó que, a raíz de la declaración por parte del Gobierno nacional de la emergencia sanitaria por el coronavirus se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos.
En este marco, se creó el IFE para los trabajadores y monotributistas, de entre 18 y 65 años y con mayor grado de vulnerabilidad, que se sumó a un paquete de medidas emanadas por las autoridades nacionales.
Según el pedido de Simesen de Bielke, en este marco también se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al beneficio aquellos titulares o su grupo familiar que tuvieran ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
De las constancias del legajo de investigación surge que "el imputado ostenta el cargo de concejal de Guachipas, por lo que no podía desconocer que no tenía derecho a acceder al beneficio cobrado", concluyeron los voceros.
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