Al religioso le faltan 11 años para cumplir su condena pero pidió el beneficio por razones de salud ante el riesgo de contagio de coronavirus.
Por temor al contagio de coronavurus, el padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, pidió el arresto domiciliario.
En medio del debate y la polémica por las morigeraciones de las condiciones de detención a grupos de riesgo durante la pandemia, la defensa del sacerdote presentó la solicitud para que le otorguen el beneficio.
Grassi está cumpliendo su condena desde hace 6 años en la cárcel de Campana y aún le quedan 11 años de prisión por delante.
A su condena por abuso sexual se sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación "Felices Los Niños".
Además, el religioso se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.
Para pedir su prisión domiciliaria ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, la defensa de Grassi argumentó una supuesta afección respiratoria y señaló el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana.
La información fue confirmada por el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual contra el sacerdote al diario Clarín.
Según Gallego, existe una irregularidad en el control del cumplimiento de la pena a Grassi: "Está condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el control de su prisión, excarcelamiento o cualquier modificación debería depender de uno de los dos juzgados de Ejecución Penal de Morón".
"Pero por algún motivo o picardía de Grassi, nunca fue elevado a un juzgado de ejecución, con lo cual el órgano que está a cargo de controlarlo es el mismo que lo condenó: el TOC N° 1 de Morón. Y allí es donde hay un pedido firmado por su defensa en el que manifiesta padecer dificultades respiratorias y se alega que habría un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense asignado al penal de Campana que portaría coronavirus", sostuvo Gallego.
En tal sentido, el letrado consideró "insólito" que sea el TOC N° 1 quien esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de Grassi ya que "si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal".
"Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato", dijo Gallego, quien finalizó: "La condición de delincuente sexual de Grassi impone que de ningún modo puede obtener la excarcelación".
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