POSADAS. Un grupo de pequeños productores de Picada Tacuara del Paraje Cabure-í de la localidad Comandante Andresito, llegaron hasta Posadas para registrarse en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) como indica la Ley provincial XII–N°28 de "Suspensión de sentencias de desalojos y remates".
Esta norma protege a las y los ciudadanos misioneros contra la expulsión de tierras o propiedades de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y de producción agropecuaria, cuando se verifica una ocupación a partir de los 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
Es el caso de estos productores agrarios que viven en el Paraje Cabure-í quienes hace una semana sufrieron la irrupción de más de 30 efectivos de las fuerzas de seguridad, portando armas y escudos, acompañando al Juez de Paz de Andresito, Enzo Copetti, para proceder al desalojo de 12 familias campesinas que habitan y trabajan desde hace más de 20 años en ese paraje.
"La fortaleza de nuestra organización frenó el desalojo"
En el Paraje Cabure-í se vivieron momentos de gran tensión, cuando días atrás arribó un numeroso grupo de policías armados y en varias camionetas, con intenciones de desalojar a las familias de pequeños productores.
"A mí me avisó mi hija que estaba asustada al ver tantos policías. En el camino a mi casa, fui convocando a los militantes de nuestra organización y a vecinos que no viven en el lugar, pero se sumaron igual.
En una hora eran más de 150 personas, y creo que la fortaleza de nuestra organización, el Movimiento Nacional Campesino Indígena; Cotrum y el PAyS, con los que estamos siempre movilizados, generó que se frenara el desalojo, porque iba a ser una complicación muy fuerte para las familias y para el Estado", señaló el dirigente del MNCI-Cotrum, Adriano Emanuel Matter.
Él es uno de los productores que vive con su familia en Cabure-í y acompañado de los diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno y Jorge Páez, concurrió a registrarse en el padrón de Iprodha, lo mismo que Nelci Beker, Juan Ramón Novak, Martín Godoy, Mauro Dona y Elena Novak, entre otros.
"Los chicos siguen con miedo por el atropello de la policía"
Se trata de 12 familias que habitan y trabajan desde hace más de 20 años en el Paraje Cubere-í, que hicieron mejoras en sus viviendas, tiene galpones de tabaco, alambrados, plantaciones de yerba, plantas anuales y mucha inversión.
Matter cuenta que no tuvieron ningún aviso previo o notificación de desalojo. El operativo policial fue sorpresivo y cuando la mayoría de los adultos estaba trabajando.
"Nuestras familias estaban solas, las madres con los chicos. Fue algo muy fuerte porque les afectó un montón, hoy los hijos de los vecinos, y los míos se levantan temprano y preguntan si van a venir a desalojarlos. Se quedaron con miedo, y están preocupados cuando nos alejamos para trabajar o por alguna otra actividad", dijo.
Señaló que las familias sólo quieren que se respeten sus derechos a la tierra y al trabajo. "Y por eso nos empadronamos en el Iprodha bajo el amparo de la Ley sancionada en la Cámara de Diputados de la provincia, que suspende los desalojos, porque de lo controrio, nos cercenan derechos y perdemos nuestra tierra en manos de los que manejan el poder", reclamó el joven dirigente.
Andresito: El 70% de las familias requieren solución a sus tierras
Mientras que el diputado Páez, oriundo de Andresito, detalló que los que sucedió en Cabure-í fue un atropello desmesurado. Hizo hincapié en que las familias no fueran notificadas del desalojo: "Cuando el abogado de las familias preguntó en el Juzgado de Iguazú por qué no los habían notificado, le respondieron que la notificación estaba implícita en la sentencia de desalojo.
Eso es una barbaridad porque la ley dice claramente que debe haber una notificación efectiva previa de por lo menos 48 horas".
En el Iprodha, las jefas y jefes de familias coincidieron en la importancia de registrarse en el padrón como indica la Ley.
"Vamos a seguir reclamando al Estado el compromiso de que busque una solución para la problemática de las tierras", manifestaron.
En Andresito el 70% de las familias de pequeños productores y campesinos poseen una extensión de tierras de 15 hectáreas o menos, y la mayoría carece de papeles sobre esas tierras, y del acompañamiento del Estado. Sin embargo viven y trabajan ahí ese hace más de 30 años, lo que constituye un gran problema para esos trabajadores y trabajadoras.
"Fue terrible tener a policías apuntando nuestras casas"
Nelci Beker es una de las productoras que sufrió el embate del intento de desalojo en su lote de Cabure-í, cuenta que "cuando nos dimos cuenta ya teníamos a todas las camionetas de la fuerzas de seguridad en el terreno, con ametralladoras apuntando hacia nuestras casas. Fue terrible", recuerda la mujer.
Dice que en un momento le preguntó al Juez de Paz de Andresito por qué hacían semejante atropello, "él me respondió que cuando le dieron la orden desde Iguazú, tenía una versión y cuando llegó al terreno se dio cuenta que la situación era otra: con muchas familias, chicos y mujeres embarazadas.
También aseguró que en realidad no fue a desalojar, sino sólo a entregar una notificación, porque no se podía hacer un desalojo con tantas personas viviendo en el lugar", relató la agricultora.
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