La investigación de la Guardia Civil detectó que los detenidos comercializaban las pizzas por Internet y a través del celular y que no tenían ninguna documentación que acreditara el origen autorizado del producto.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detuvo el 10 de febrero en Zaragoza. España a una pareja argentina acusada de elaborar en su casa y distribuir pizzas clandestinas.
Se les acusa de un delito contra la salud pública y otro contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Los detenidos comercializaban las pizzas por Internet y se calcula que en un año distribuyeron más de 12.000 kilos de producto ilegal en una cincuentena de establecimientos de 22 provincias españolas.
La investigación de la Guardia Civil detectó que los detenidos comercializaban las pizzas por Internet y a través del celular y que no tenían ninguna documentación que acreditara el origen autorizado del producto.
También se comprobó que en la elaboración de las pizzas tampoco cumplían las condiciones higiénicas requeridas y que, por lo tanto, esta actividad podía suponer un riesgo para la salud pública.
Los afectados son restaurantes, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, empresas de organización de acontecimientos y particulares.
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