El juicio a Cristina Kirchner y el país que se pelea con los hechos

 

El fiscal Luciani pedirá penas durísimas por considerar probado que la Vicepresidenta fue la jefa de una asociación ilícita que perjudicó al Estado. Para el kirchnerismo, nada de eso existió y hablan de proscripción.

La etapa decisiva en la que ingresó el juicio a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública promete profundizar la grieta entre los que consideran a la vicepresidenta víctima de una persecución judicial, bajo la etiqueta de lawfare, y los que sostienen la legalidad de todo el proceso y creen que ella es la responsable de una maquinaria delictiva destinada a recaudar desde millones de pesos de fondos públicos.

Esa fractura social, que se agravó en las últimas semanas e incluyó escraches y violencia callejera, coexiste con una situación económica signada por la inflación y el aumento de la pobreza a niveles históricos; y una situación política de extrema debilidad del gobierno que preside Alberto Fernández y disputas internas en el seno de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.

Como si se tratara de ejemplo perfecto de la paradoja del gato de Schrödinger -ese experimento de física cuántica que hablaba de un felino encerrado en una caja que estaba en teoría vivo y muerto al mismo tiempo- depende quién analice el tema, Cristina Kirchner es víctima o victimaria, culpable o inocente. Es que, al igual que en el ensayo científico, el observador modifica el objeto observado.

Es que para el fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación, está probado que la ex presidenta fue la jefa de una asociación ilícita que perjudicó al Estado por miles de millones de pesos, por lo que correspondería aplicarle una pena durísima de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso de sus bienes. Mientras que para el kirchnerismo, nada de eso existió, sino que todo se trata de un caso de lawfare que busca proscribirla, como ocurrió antes en Argentina con Juan Domingo Perón y, ahora en Brasil con Lula Da Silva y en Bolivia, con Evo Morales.

Al mismo tiempo, culpable e inocente.

Como anticipó el domingo Infobae, Luciani al concluir el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.

Fiscal Diego Luciani
Fiscal Diego Luciani

En el adelanto del periodista Martín Angulo se destacó que, de acuerdo al artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable “si fuere funcionario o empleado público sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. En el caso de la asociación ilícita, la condena para la persona que sea considerada jefa de la organización delictiva se le asigna un mínimo de 6 años de prisión y un máximo de 10 años.

Pese a que para la acusación los fiscales Luciani y Sergio Mola agotaron ocho jornadas extensas, donde detallaron chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideraron que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”. Hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.

Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial”, se publicó en una solicitada.

En el mismo sentido se expresaron los diputados del Frente de Todos: “Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra (...) No habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas. Cristina amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible en la memoria del pueblo”.

Por último, el canciller Santiago Cafiero, hombre de estrecha confianza de Alberto Fernández -que ayer tuiteó por el Día de la Niñez- advirtió en Twitter: “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.

En medio de todo, está el llamado a organizar una “pueblada” que hizo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y las advertencias con sello de La Cámpora: “Jueces macristas no jodan con Cristina”.

La Cámpora respalda a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad. (@la_campora)
La Cámpora respalda a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad. (@la_campora)


FUENTE INFOBAE

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