La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso hoy la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino y el “desplazamiento total” de su directivos.
Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.
Zannini adhirió a un planteo presentado ya por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin, para que se controlen las cuentas de la empresa, ya que surgieron dudas sobre su situación patrimonial en cuanto a deudas que ésta tiene con la AFIP, de 600 millones de pesos, con empresas y hasta un supuesto desvío de dinero por 35 millones de pesos justificado en "anticipos de directorio".
La fiscal Boquin ya viene entablando sospechas sobre los manejos del Correo Argentino y durante el Gobierno de Mauricio Macri denunció que la firma y el Estado habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, cuando en realidad la licuaba casi en su totalidad.
Boquin ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado Nacional.
"Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del "cramdown" –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la Ley de Concursos", evaluó la fiscal.
En la causa penal federal que tiene a cargo el juez Ariel Lijo ya fueron indagados el exministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa.
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