El intendente de Aguaray está en vuelto en serias irregularidades. Mientras el fiscal federal José Luis Bruno investiga la causa, se conocieron datos de la empresa mendocina acusada de llevarse caños del gasoducto NEA.
Lo que empezó como una denuncia terminó convirtiéndose en un círculo vicioso en donde cada día aparecen nuevos actores involucrados. La otorgación de 35 kilómetros de caños del gasoductos NEA valuados en 3 millones y medio de dólares a una empresa privada desató un escándalo que pone en aprietos al intendente de Aguaray, Enrique Prado.
El jefe comunal salteño le otorgó este material a la la empresa OSYP S.A. Mientras Prado no para de acusar a los medios de difamarlo, el fiscal federal José Luis Bruno investiga detalladamente cómo fue la maniobra que se realizó para que dichos materiales del Estado terminen yéndose a una empresa de la cuál muy poco se conoce.
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