Se retoman tres juicios orales emblemáticos contra el kirchnerismo en cuyas investigaciones no quedó irregularidad por cometer: desde declaraciones armadas y aprietes hasta espionaje ilegal, pasando por testigos que no pudieron ratificar acusaciones televisivas formaron parte de la persecución al gobierno que encabezó Cristina Fernández. El detalle de cada maniobra.
Declaraciones armadas. Aprietes. Peritajes que desmintieron los supuestos delitos. Testigos que no pudieron ratificar bajo juramento acusaciones lanzadas por televisión. Espionaje ilegal. Todos estos elementos estuvieron presentes en los juicios por corrupción y lavado de dinero que se sustanciaron este 2019 en Comodoro Py y que se retoman a partir de esta semana. Se trata de los procesos conocidos como Obra Pública --próxima audiencia el lunes 10--, Oil Combustibles --jueves 6-- y Ruta del dinero K --miércoles 5--. Además de las denuncias por serias irregularidades que comparten los tres debates orales, el otro denominador común es la procedencia de los imputados: todos son ex funcionarios kirchneristas y empresarios relacionados con la gestión anterior a Cambiemos.
Las audiencias se reinician el lunes 10, con el testimonio de un referente de Cambiemos, Fernando Sánchez. Su compañero de ruta, Juan Carlos Morán, viene de hacer agua y lo propio ocurrió con Margarita Stolbizer. Ninguna precisión, ningún aporte real.
Después de varias idas y vueltas y fuertes presiones, finalmente el pasado 21 de mayo tuvo lugar la foto de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados. Escoltada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la actual vicepresidenta se ubicó en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py junto a otros doce imputados, en su mayoría ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional y de la Provincia de Santa Cruz. De esta manera, con la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron inicio a un proceso plagado de denuncias y planteos que llegaron incluso a la Corte Suprema y aún no fueron resueltos.
Este juicio fue el escenario del hecho sin precedentes, que quedó grabado a fuego en la historia de Comodoro Py. Fue la declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, quien en más de cuatro horas de exposición ejerció su defensa con un alegato político y jurídico, que resonó más allá de las paredes de los Tribunales de Retiro. Con duras críticas al Poder Judicial, al Gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, la ex presidenta buscó dejar al desnudo que la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez fue parte de un armado en su contra y, según afirmó en aquella oportunidad, un claro ejemplo de law fare. “Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá”, dijo. “Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia”, fue la frase elegida por CFK para cerrar su declaración.
Declaraciones armadas. Aprietes. Peritajes que desmintieron los supuestos delitos. Testigos que no pudieron ratificar bajo juramento acusaciones lanzadas por televisión. Espionaje ilegal. Todos estos elementos estuvieron presentes en los juicios por corrupción y lavado de dinero que se sustanciaron este 2019 en Comodoro Py y que se retoman a partir de esta semana. Se trata de los procesos conocidos como Obra Pública --próxima audiencia el lunes 10--, Oil Combustibles --jueves 6-- y Ruta del dinero K --miércoles 5--. Además de las denuncias por serias irregularidades que comparten los tres debates orales, el otro denominador común es la procedencia de los imputados: todos son ex funcionarios kirchneristas y empresarios relacionados con la gestión anterior a Cambiemos.
Las audiencias se reinician el lunes 10, con el testimonio de un referente de Cambiemos, Fernando Sánchez. Su compañero de ruta, Juan Carlos Morán, viene de hacer agua y lo propio ocurrió con Margarita Stolbizer. Ninguna precisión, ningún aporte real.
Después de varias idas y vueltas y fuertes presiones, finalmente el pasado 21 de mayo tuvo lugar la foto de Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados. Escoltada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la actual vicepresidenta se ubicó en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py junto a otros doce imputados, en su mayoría ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional y de la Provincia de Santa Cruz. De esta manera, con la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron inicio a un proceso plagado de denuncias y planteos que llegaron incluso a la Corte Suprema y aún no fueron resueltos.
Este juicio fue el escenario del hecho sin precedentes, que quedó grabado a fuego en la historia de Comodoro Py. Fue la declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, quien en más de cuatro horas de exposición ejerció su defensa con un alegato político y jurídico, que resonó más allá de las paredes de los Tribunales de Retiro. Con duras críticas al Poder Judicial, al Gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, la ex presidenta buscó dejar al desnudo que la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez fue parte de un armado en su contra y, según afirmó en aquella oportunidad, un claro ejemplo de law fare. “Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá”, dijo. “Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia”, fue la frase elegida por CFK para cerrar su declaración.
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